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Un grupo de 107 aseguradoras ha protegido, desde el 14 de marzo de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2021, a más de un millón de profesionales de centros sanitarios y residencias en toda España a través de un seguro gratuito de vida y de subsidio por hospitalización que ha hecho posible dar cobertura a cerca de 5.000 personas de manera gratuita, según el balance hecho por la Asociación Empresarial del Seguro (UNESPA).
A pesar de que este seguro para el personal de centros sanitarios y residencias ya ha dejado de estar vigente desde el pasado 31 de marzo, aquellas personas que cumplen los requisitos o sus herederos (en el caso de fallecimiento) pueden todavía solicitar las prestaciones siempre que la hospitalización o fallecimiento se produjera en el periodo de vigencia de la cobertura (consulte aquí más información).
Según UNESPA, se han pagado indemnizaciones a cerca de 5.000 personas. Las familias de 143 profesionales que murieron por la COVID-19 han percibido 4,3 millones de euros, a razón de 30.000 euros por fallecimiento. Otros 4,1 millones de euros corresponden a indemnizaciones por subsidio por hospitalización entregadas a 4.487 trabajadores, quienes recibieron 100 euros al día, siempre que la estancia hospitalaria superara los tres días y hasta un máximo de dos semanas.
Para poder hacer frente a estas indemnizaciones, las aseguradoras constituyeron un fondo de 38 millones de euros en los primeros días de la pandemia. El remanente de este fondo solidario se destinará a apoyar la investigación de la COVID-19 y paliar las consecuencias económicas y sociales derivadas de la pandemia.
El seguro solidaria ofreció protección a los trabajadores de los siguientes centros:
- Centros hospitalarios públicos (incluyendo hospitales de campaña y hoteles medicalizados dependientes de hospitales o de las comunidades autónomas), centros de salud y consultorios de atención primaria públicos, servicios públicos de urgencias y emergencias (112/061), hospitales y clínicas privados con servicios de urgencias y de hospitalización y servicios de urgencias y emergencias dependientes de estos hospitales o clínicas privadas.
- Residencias de ancianos, públicas o privadas.
- Residencias para personas con discapacidad, públicas o privadas (residencias para personas con discapacidad intelectual, con discapacidad física, para personas con parálisis cerebral, para personas con autismo y centros de salud mental).